URG celebra la aprobación de Resolución histórica de la ONU sobre prevención

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Miércoles 7  de Octubre 2020, Ginebra

El Universal Rights Group (URG) celebra la aprobación de hoy de una nueva resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre la prevención de violaciones de derechos humanos y emergencias. La resolución, liderada por Noruega, Sierra Leona, Suiza y Uruguay, fue adoptada por votación en la sesión 45 del Consejo con 32  a favor, 11 abstenciones y 3 en contra (Bahrein, Camerún y Venezuela).

La resolución cubre todos los aspectos del mandato de prevención del Consejo no utilizado hasta ahora, según lo dispuesto por la Asamblea General de la ONU con su resolución 60/251 (y especialmente el párrafo 5f del mismo), en referencia a, tanto prevención primaria (o ‘aguas arriba’) así como prevención secundaria (alertas tempranas y compromiso temprano). La resolución también fortalece la habilidad del Consejo de conectar con otros pilares de la ONU (los pilares de desarrollo y seguridad) al hacer un llamado al Secretario General a compartir reportes relevantes del Consejo de Derechos Humanos sobre prevención en contextos específicos con otros cuerpos de la ONU (e.g. el Consejo de Seguridad), y al invitar al jefe de la Comisión de Construcción de Paz para informar en el Consejo anualmente.

Prevención primaria o ‘aguas arriba’

 Evitar que se produzcan violaciones en primer lugar significa, en esencia, trabajar con todos los Estados, a través de diálogo y cooperación,  para construir capacidad nacional de derechos humanos y resiliencia. El Consejo está – en principio – perfectamente situado para desempeñar un papel central en este ámbito, tanto en su propio sentido como también en línea con la Agenda 2030 y la actual reforma del sistema de desarrollo de la ONU.

La clave para cumplir la función de prevención primaria del Consejo será un mejor seguimiento y apoyo a la implementación nacional de las obligaciones y compromisos internacionales de derechos humanos de los Estados. Además de un mayor enfoque en la ‘agenda de implementación’ global de derechos humanos,  esto requerirá un pensamiento nuevo sobre cómo crear un ‘espacio seguro’ para el diálogo y la cooperación bajo el punto 10 de la agenda del Consejo (sobre asistencia técnica y construcción de capacidades).

Dentro de un espacio así, se debe alentar a los Estados a proporcionar voluntariamente información sobre el progreso de la implementación de recomendaciones de derechos humanos de la ONU, identificar brechas de implementación o resiliencia, y luego solicitar (y tener la oportunidad de recibir) apoyo en asistencia técnica y construcción de capacidades (por parte de agencias y programas de la ONU, y donantes bilaterales) que contribuyan a abordar esas vulnerabilidades. En línea con la resolución 60/251 de la Asamblea General, este proceso debe llevarse a cabo a petición del país en cuestión, y en cooperación con el mismo.

Con esto en mente, la nueva resolución solicita al Secretario General que realice una evaluación de todo el sistema de los niveles actuales de , y financiamiento para, la prestación de asistencia técnica y construcción de capacidades, y presentar propuestas para ampliar esa asistencia en el futuro.

Prevención secundaria o ‘aguas abajo’

 En cuanto a las alertas tempranas y el compromiso temprano, la resolución pone en marcha nuevos procesos y mecanismos basados en la identificación y respuesta rápida a los patrones emergentes de violaciones, en el fomento de la cooperación y el diálogo con Estados involucrados así como con organizaciones regionales (y sub-regionales), y en asegurar y generar confianza para evitar un agravamiento de la situación.

En particular, pone en marcha los cuatro sistemas / mecanismos siguientes para permitir que el pilar de derechos humanos de la ONU cumpla efectivamente su mandato de prevención secundaria:

  • Hace un llamado a la OHCHR a fortalecer su capacidad para recibir, manejar y analizar rápidamente datos de alerta temprana de todo el sistema de la ONU (incluyendo Coordinadores Residentes, Equipos de País, Asesores de Derechos Humanos, y Procedimientos Especiales), así como de actores nacionales incluyendo NHRIs, defensores de derechos humanos y ONGs. Esto significa construir una potente unidad de alerta temprana (un tipo de ‘sala de situaciones’ de la ONU) atendido por analistas superiores de derechos humanos. Esta nueva función de alerta temprana tendrá una única responsabilidad simple, pero vital: a saber, la identificación temprana de patrones emergentes de violaciones de derechos humanos que puedan señalar una crisis venidera.
  • Donde tales patrones sean identificados, la Alta Comisionada ahora tiene un mandato claro y explícito de señalar esas situaciones a la atención urgente de los miembros y observadores del Consejo, por ejemplo a través de sesiones informativas. Los miembros del Consejo tendrían que decidir entonces si la situación merece o no su atención, y si podrían o no contribuir de manera útil a prevenir una ampliación o profundización de la crisis. Al hacer esas determinaciones, podrían estar guiados por criterios objetivos (i.e. los ‘Principios Irlandeses’). Adicionalmente, además de señalar información confidencial sobre crisis emergentes a la atención del Consejo, la Alta Comisionada también estaría en posición para introducir esa información en los procesos internos pertinentes de la ONU, como las Revisiones Regionales Mensuales (RMRs).
  • Cuando los Estados concluyen que podrían ayudar, la resolución del Consejo reconoce que los Estados pueden entablar ‘cooperación y diálogo’ con el Estado y la región en cuestión, por ejemplo creando y enviando ‘misiones de oficinas buenas’ al país (e.g. integrada, por ejemplo, por miembros de la Mesa del Consejo, la Alta Comisionada, o personas eminentes de la región), para involucrar a todas las partes interesadas nacionales pertinentes (el gobierno, la policía, el ejército, partes opositoras, NHRIs, ONGs nacionales y locales, periodistas), facilitar el diálogo nacional, construir confianza, y aprovechar la diplomacia preventiva (directamente con actores nacionales clave). Tales misiones no necesariamente tendrían que concluir con un informe formal escrito (público) ante el Consejo o un comunicado de prensa (que tienden a socavar la confianza y a impedir una mayor cooperación).

Hablando sobre el voto de hoy, Marc Limon, Director Ejecutivo del URG, dijo:

“La resolución adoptada hoy con el apoyo abrumador de los miembros del Consejo, tiene el potencial de transformar la manera en la que el Consejo  aborda las violaciones de derechos humanos – pasando de un enfoque predominantemente reactivo a uno preventivo. El Consejo de Derechos Humanos es, según su mandato y poderes, el principal ‘Consejo de Prevención’ de la ONU, i esta resolución le permitirá finalmente desempeñar plenamente ese papel, tanto en su propio sentido como en combinación con los otros dos pilares de la ONU.”

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URG welcomes passage of landmark new UN resolution on prevention

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Wednesday 7th October 2020, Geneva

The Universal Rights Group (URG) welcomes today’s passage of an important new Human Rights Council resolution on the prevention of human rights violations and emergencies. The resolution, led by Norway, Sierra Leone, Switzerland and Uruguay, was adopted by vote at the 45th session of the Council with 32 in favour, 11 abstentions and 3 against (Bahrain, Cameroon and Venezuela).

The resolution covers all aspects of the Council’s hitherto unused prevention mandate, as provided by the UN General Assembly with its resolution 60/251 (and specifically paragraph 5f thereof), covering both primary (or ‘upstream’) prevention, and secondary prevention (early warning and early engagement). The resolution also strengthens the Council’s ability to connect with the other pillars of the UN (the development, and security pillars) by calling on the Secretary-General to share relevant Human Rights Council reports relevant to prevention in specific contexts with other UN bodies (e.g. the Security Council), and by inviting the head of the Peacebuilding Commission to brief the Council on an annual basis.

Primary or ‘upstream’ prevention

Preventing violations from occurring in the first place means, in essence, working with all States, through cooperation and dialogue, to build national human rights capacity and resilience. The Council is – in principle – perfectly placed to play a central role in this area, both in its own regard but also in conjunction with the 2030 Agenda and the on-going reform of the UN’s development system.

The key to fulfilling the Council’s primary prevention role will be to better follow-up on and support the national implementation of States’ international human rights obligations and commitments. In addition to a greater focus on the global human rights ‘implementation agenda,’ this will require fresh thinking about how to create a ‘safe space’ for cooperation and dialogue under item 10 of the Council’s agenda (on technical assistance and capacity-building).

Within such a space, States should be encouraged to voluntarily provide information on progress with the implementation of UN human rights recommendations, identify implementation- or resilience-gaps, and then request (and have a chance of receiving) technical assistance and capacity-building support (from UN agencies and programmes, and bilateral donors) to help address those vulnerabilities. In line with GA resolution 60/251, this process must take place at the request of, and in cooperation with, the country concerned.

With this in mind, the new resolution requests the Secretary-General to conduct a system-wide assessment of current levels of, and financing for, the delivery of technical assistance and capacity building, and to provide proposals for the scaling up of that assistance in the future.

Secondary or ‘downstream’ prevention

Regarding early warning and early engagement, the resolution puts in place new processes and mechanisms premised on identifying and responding promptly to emerging patterns of violations, on encouraging cooperation and dialogue with the concerned State as well as regional (and sub-regional) organisation(s), and on securing and building trust to prevent a worsening of the situation.

In particular, it puts in place the following four systems/mechanisms to allow the UN human rights pillar is to effectively fulfil its secondary prevention mandate:

  • It calls on OHCHR to strengthen its capacity to receive, manage and rapidly analyse early warning data from across the UN system (including Resident Coordinators, Country Teams, Human Rights Advisors, and Special Procedures), as well as from national actors including NHRIs, human rights defenders and NGOs. This means building a powerful early warning unit (a kind of ‘UN situations room’) staffed by senior human rights analysts. This new early warning function would have a single, simple, yet vital responsibility: namely, the early identification of emerging patterns of human rights violations that may signal a coming crisis.
  • Where such patterns are identified, the High Commissioner now has a clear and explicit mandate to bring those situations to the urgent attention of Council members and observers, for example via briefings. Council members would then need to decide whether or not the situation merits their attention, and whether they could usefully contribute to preventing a widening or deepening of the crisis. In making those determinations, they might be guided by objective criteria (i.e. the ‘Irish Principles.’) Moreover, in addition to bringing confidential information on emerging crises to the attention of the Council, the High Commissioner would also be in a position to feed that information into relevant internal UN processes such as the regional monthly reviews (RMRs).
  • Where States conclude that they could help, the Council resolution recognises that States may engage in ‘cooperation and dialogue’ with the concerned State and region, for example by creating and dispatching ‘good offices missions’ to the country (e.g. made up, for example, of members of the Council Bureau, the High Commissioner, or eminent persons from the region), to engage all relevant national stakeholders (the government, the police, the army, opposition parties, NHRIs, national and local NGOs, journalists), facilitate national dialogue, build trust, and leverage preventative diplomacy (directly with key domestic actors). Such missions would not necessarily have to conclude with a formal written (public) report to the Council or a press release (which tend to undermine trust and preclude further cooperation).

Speaking of today’s vote, Marc Limon, Executive Director of the URG, said:

“The resolution adopted today with the overwhelming support of Council members, has the potential to transform the way the Council addresses human rights violations – moving the body from a predominantly reactive to a preventative approach. The Human Rights Council is, according to its mandate and powers, the UN’s principal ‘Prevention Council,’ and this resolution will finally allow it to play that role to the full, both in its own regard and in combination with the other two pillars of the UN.”

 

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