Gran parte de las críticas contra el SG de la ONU, Guterres, por su “silencio” en materia de derechos humanos no tienen fundamento; en realidad, está haciendo un esfuerzo de buena fe, junto con la alta comisionada Bachelet, para equilibrar los aspectos diplomáticos públicos y privados de su mandato.

¿El secretario general de la ONU, António Guterres, realmente está comprometido con los derechos humanos? Esta es una pregunta que han debatido los diplomáticos, representantes de la sociedad civil y periodistas desde que ocupó el cargo en enero de 2017. Muchos han concluido que la respuesta es “no”. Se ha desarrollado un discurso según el cual Guterres, ante el auge de los líderes populistas en muchos Estados clave de la ONU, ha elegido sacrificar los derechos humanos en el altar de la conveniencia geopolítica. Este descuido percibido decepcionó particularmente a quienes pensaban que, dada su trayectoria como alto comisionado de la ONU para los refugiados, sería un paladín de los derechos humanos.

Este discurso es evidente en un artículo reciente de la revista Foreign Policy (4 de febrero de 2020) llamado “UN Chief faces internal criticism over human rights” (El dirigente de la ONU enfrenta críticas internas por los derechos humanos): un ataque directo contra Guterres y su historial en materia de derechos humanos. Pero ¿es justa esta interpretación?

El artículo se basa en gran medida en los comentarios del subsecretario general saliente de la ONU para los derechos humanos, Andrew Gilmour; el ex alto comisionado de derechos humanos de la ONU y ahora vicepresidente de la junta directiva de Human Rights Watch (HRW), Zeid Ra’ad Al-Hussein; y el director ejecutivo de HRW, Ken Roth. En él, se sostiene que “desde China hasta Arabia Saudita y los Estados Unidos […] el ex primer ministro de Portugal eligió repetidamente la diplomacia silenciosa en lugar de la franqueza y la denuncia pública para responder a violaciones flagrantes de derechos humanos durante sus primeros tres años en el cargo”. Zeid afirma que esta es una señal de “debilidad”, en lugar de prudencia, mientras que se cita un correo electrónico de Gilmore en el que dice que el enfoque deferente de Guterres es una “vergüenza” para la organización. En un artículo de opinión previo en el Washington Post, Roth sostuvo que el periodo de Guterres “se está definiendo por su silencio acerca de los derechos humanos”.

Zeid incluso llega a yuxtaponer ese comportamiento con lo que percibe como su propia valentía al “atacar a los líderes [mundiales] por su nombre” cuando ocupó el cargo de alto comisionado. La opinión y la presión del público, añade, son “una enorme fuente de influencia si uno decide [usarlas]. Pero es preciso llegar al punto en el que no se tenga miedo de [usarlas]”.

Muchos alegan que una prueba más de la ambivalencia percibida de Guterres sobre el tema es la falta de apoyo a la iniciativa de su predecesor Ban Ki-moon: Human Rights Up Front (HRUF). Esta se inauguró en 2013 en respuesta a un análisis demoledor de la incapacidad de la ONU para proteger a cientos de miles de civiles tamiles durante los últimos meses de la brutal guerra civil de Sri Lanka.  El objetivo era dejar claro que los derechos humanos son un interés central de la ONU y, en consecuencia, todo el personal de la ONU debe promoverlos y defenderlos, sobre todo quienes ocupan puestos de liderazgo. Esto incluye a los coordinadores residentes (CR) de la ONU, que dirigen los equipos en el país de la organización.

Estos ataques presentan dos problemas importantes.

En primer lugar, presuponen que el mejor antídoto contra las violaciones graves de derechos humanos, en todos los casos, es fustigar públicamente a los dirigentes de los Estados que supuestamente las cometieron. La diplomacia pública –o la estrategia de “denuncia y descrédito”, como se le llama con frecuencia– tiene su lugar en la caja de herramientas tanto de la Secretaría General como del Alto Comisionado. Cuando los Estados, por poderosos que sean, violan derechos rutinariamente, y no muestran estar dispuestos a cambiar su comportamiento, el secretario general de la ONU, en concertación con la alta comisionada, puede y debe alzar la voz. Sin embargo, la estrategia de “denuncia y descrédito” definitivamente no es la única herramienta de la que dispone la ONU. Y, en la mayoría de los casos, tampoco es la más eficaz.

Algunos países no tienen intención alguna de cooperar con la ONU; por ejemplo, Siria, Corea del Norte o Venezuela. Sin embargo, hay muchos más (una mayoría considerable de los Estados miembros de la ONU) que sí quieren tomar medidas para mejorar su historial de derechos humanos, pero no tienen la capacidad para hacerlo. En esos casos, es probable que el diálogo, la cooperación y la asistencia funcionen mucho mejor que la denuncia pública. Del mismo modo, cuando un país comienza a caer en una crisis de derechos humanos, es muy poco probable que adoptar una estrategia de “denuncia y descrédito” sea beneficioso. De hecho, podría resultar muy perjudicial, al debilitar a los moderados y fortalecer a los radicales en el país. En esos casos, es probable que la diplomacia preventiva sea mucho más eficaz que aislar y vilipendiar al país en cuestión.

Guterres parece estar bien atento a estos puntos: hace poco declaró ante los periodistas que debe equilibrar la defensa de los derechos humanos con la necesidad de dialogar con los gobiernos para poner fin a los conflictos y buscar la paz. “No somos una ONG”, dijo. Además, en su reciente “Call to Action for Human Rights” (Llamada a la acción por los derechos humanos), deja claro que “…nuestro objetivo es, sobre todo, tener un impacto positivo. Eso significa estar abiertos a todos los canales y oportunidades disponibles para colaborar. Hay espacio para las negociaciones entre bastidores, un lugar para establecer y fortalecer las capacidades nacionales, un lugar para apoyar a las diferentes partes interesadas, y un momento en el que es esencial alzar la voz”.

También es importante considerar la idea contraintuitiva: ¿funcionaría mejor un enfoque general de “denuncia y descrédito”? Zeid se basó en gran medida en la diplomacia pública cuando fue alto comisionado. Sin embargo, hay poca evidencia de que sus críticas regulares y abiertas a los Estados, incluidos los más poderosos, hicieran que alguno de ellos cambiara su comportamiento. Por el contrario, al centrarse de manera tan exclusiva en la diplomacia de megáfono, a expensas de otras dimensiones de su mandato, Zeid descartó casi todas sus demás palancas de influencia, no solo con los Estados a los que criticaba, sino también con la gran mayoría de los países en desarrollo.

En segundo lugar, si bien puede ser cierto que Guterres no ha seguido adelante con la iniciativa HRUF, sus objetivos subyacentes perduran en otros esfuerzos de reforma. La debilidad de HRUF era que representaba una respuesta de política suave a un problema estructural profundo: a saber, que la mayoría de los coordinadores residentes eran “personas de desarrollo” a las que, por naturaleza, les inquietaba plantear problemas de derechos humanos y cuyo desarrollo profesional dependía de su empleador, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Las consecuencias de esto se hicieron evidentes de forma lamentable en Sri Lanka: un sistema de CR cuyos dirigentes no comprendían los derechos humanos y dudaban en manifestar sus preocupaciones sobre los derechos humanos ante los gobiernos anfitriones por temor a ser expulsados.

Una respuesta política blanda como la de HRUF nunca podría transformar por sí sola esta situación, lo cual se evidenció trágicamente cuando muchos de los errores cometidos en Sri Lanka se repitieron unos años más tarde en Myanmar. Lo que se necesitaba, en cambio, eran reformas estructurales audaces: hacer que el sistema de CR dejara de depender del PNUD y volviera a estar bajo el control de la Oficina Ejecutiva del Secretario General (OESG); dejar claro que en adelante solo se consideraría para los puestos de CR a personas comprometidas con los tres pilares de la ONU (seguridad, desarrollo y derechos humanos); atraer a más CR de organismos de la ONU centrados en los derechos humanos; incorporar los derechos humanos en los procedimientos operativos estándar de los CR; e insistir en que los derechos humanos se incluyeran en la planificación por países de la ONU.

De hecho, esto es lo que Guterres ha logrado con sus reformas de los últimos dos años.